Tanto Romeva como Artur Mas han insistido en diferentes ocasiones en que la Unión Europea no puede expulsar a siete millones y medio de sus ciudadanos de las instituciones. Por eso, dicen, Cataluña formaría parte de la Unión en una supuesta independencia. Se colocan como víctimas y juegan, como de costumbre, con el lenguaje. Pero no haría falta echar a nadie. Los catalanes, tanto en cuanto tienen nacionalidad española, seguirían siendo ciudadanos de la UE, pero Cataluña, como Estado, tendría que solicitar su ingreso. Y ahí es donde radica el problema: Un Estado no es tal sin capacidad de externalizar su poder, es decir, sin reconocimiento internacional. Y de nada serviría a Cataluña que lo reconociese Kosovo. Un gobierno catalán que rompiera la legalidad, el Estado de Derecho de una democracia, no puede pretender que otras democracias lo traten como a un igual.
Cuando en un Estado de dudosa calidad democrática se produce un golpe de Estado, la comunidad internacional suele condenarlo sin ambages. ¿Piensan los políticos catalanes que pueden saltarse la ley de una democracia y que no ocurra lo mismo? ¿Realmente aspiran legítimamente a que las instituciones a las que quiere pertenecer le abran las puertas de una negociación? ¿Creen, de verdad, que el Gobierno se va a sentar a negociar la fractura de su propio territorio? ¿Cree Artur Mas que logrará siquiera que le abra la puerta cualquier embajada de cualquier país democrático serio, o las ventanas de cualquier institución internacional a la que aspire pertenecer? Serían como catalanes en Kosovo, pero sin apoyo occidental. O sea, peor.
Cabos sueltos 