Dispersión

A finales de los años ochenta, los etarras gobernaban las cárceles. Estaban casi todos en tres: Alcalá-Meco en Madrid y Herrera de la Mancha en Ciudad Real para los hombres; y Carabanchel para las mujeres. El miedo impedía que los terroristas arrepentidos se desligaran de la banda. Controlaban las comidas, distintas al resto de presos, las visitas. Nada se movía sin la aquiescencia de los jefes. No es difícil imaginar que fuera así con unos cien etarras por prisión. Tras el fracaso de las negociaciones de Argel, se puso en marcha la dispersión de presos. Los más radicales fueron trasladados al sur. Y se rompió la burbuja carcelaria de ETA. Los que quisieron abandonar la banda terrorista, se vieron libres de la vigilancia interna de la banda. En tan solo dos años, dos tercios, unos 120 presos, renegaron de la banda. La política de dispersión de presos ha hecho mucho daño a ETA, por eso siempre se ha reivindicado el acercamiento.

Podemos y Bildu argumentan que la dispersión es una excepción que perjudica a las familias, una condena sobre ellas y no sobre el individuo. Lo ha dicho Iñigo Errejón y lo ha corroborado Pablo Iglesias. El último, además, ha afirmado que él mismo ha visto en televisión cómo el alcalde de Pamplona ha condenado toda forma de violencia contra los derechos humanos, que es la forma que tienen los etarras y afines de absolver a la banda. Habría que preguntar a los dirigentes de Podemos si les parecería excepcional separar en cárceles distintas a los miembros de un clan mafioso o a una banda de narcotraficantes para impedir sus negocios, dificultar su operativa y facilitar la reinserción. Ellos entienden la dispersión como una venganza del Estado, como una forma de aplicar la justicia con crueldad, cuando no es más que un instrumento penitenciario para debilitar a organizaciones terroristas. Se les olvida, especialmente a los condenados en los últimos 25 años, que cuando cometieron sus delitos de sangre, sabían que serían encarcelados lejos de sus familias. Sabían las consecuencias. Y asesinaron.

Quien más lejos ha llevado las afirmaciones ha sido Roberto Uriarte, secretario general de Podemos en el País Vasco:

No puede haber un criterio vengativo sobre las personas presas, al margen de lo que hayan hecho y, al margen de que hayan sido presos por delitos políticos o delitos comunes.

En la justificación que tanto les gusta ahora, el contexto, esperamos que aclare qué es un delito político. Y quiénes lo han cometido. Aunque nos tememos la respuesta.