Piquetes del pueblo

Siete minutos de bruto y animales:

-¡No te pongas chula!, ¿vale? ¡No te pongas chula cuando el pueblo viene a tu puto portal a ponerte una puta pegatina! ¡Menos aires de chulería!
-¡Hay libertad, hay libertad!
-¡Libertad para los trabajadores! ¡Explotadores, es lo que sois!
-¡Qué libertad ni qué pollas! ¡Cobarde, eres un cobarde, un repeinao, un pijo y un ridículo!

El pueblo, esa mayoría de las plazas. Ese 99% del 15M. Un chaval se erige en voz del pueblo. Es su trabajo y su dogma. Es su explicación del mundo. El chaval se erige en César de ese pueblo, que habla por su boca y tú, tú te callas, puta. Licencias verbales del pueblo soberano.

El nini habla así porque le arropa el pueblo, que llegará poco a poco con banderas de CCOO y la UGT hasta extinguirlo entre la masa. La única y verdadera información que recibe la propietaria es que, si no llega a estar la policía allí, las cosas habrían sido muy distintas. Y no para bien.

Los sindicatos son cómplices de la violencia de unos piquetes que vulneran la ley de forma sistemática e impune. Estos son los únicos que permiten la ley en su artículo 6.6:

Los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, en forma pacífica, y llevar a efecto recogida de fondos sin coacción alguna.

La base legal de los piquetes se argumenta bajo el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Pero ya hemos comprobado, huelga tras huelga, que la ley no funciona. Y es que no hay calabozos suficientes en España para meter a tanto pueblo.

Algo hay que hacer con los piquetes. Su función informativa no va con estos tiempos. Hoy en día, todo el mundo sabe qué día hay huelga, por qué, quién la convoca, los motivos, y hasta los servicios mínimos. Si un ciudadano decide trabajar el día de huelga general, no es tolerable que jaurías alimentadas por el odio de una lucha de clases trasnochada impongan su rabia. No hay derecho que un piquete abolle a patadas el coche de un padre que lleva al colegio a sus hijos. No hay derecho a que se quemen contenedores, que se corten carreteras, calles y autopistas. No hay derecho a que se revienten escaparates. No hay derecho a que se amenace e intimide a los consumidores. No hay derecho a que los comerciantes, por ganarse la vida, tengan que ser héroes.

Los sindicatos, con palmadita sindical en la espalda, amparan la coacción y la vulneración de la ley porque, según ellos, hay muchísimos trabajadores que acuden a su puesto bajo amenaza de despido. No aportan datos. Sin embargo, en el barómetro del CIS de abril, tras la huelga del 29M, tan solo el 4,9% afirmó que «quiso hacer huelga pero no pudo hacerla».

Ese 4,9% no es necesariamente coactivo. Es decir, aquí entran todos los que quisieron hacer huelga pero no pudieron por motivos económicos; porque no tenían dónde dejar a los niños; porque, en efecto, fueron coaccionados, etc. Por tanto, el porcentaje de los que no pudieron hacer huelga por imposición «patronal», son menos.

Poco después, la pregunta 33d va dirigida exclusivamente a los que respondieron que «quisieron ir a trabajar y no pudieron» y a los que «fueron a trabajar». El «miedo al despido» lo dan como motivo tan solo el 6,5%.

 Esto indica que la coacción, en efecto, existe. Pero de ahí a que sea un comportamiento mayoritario dista una patraña sindical para justificar la violencia indiscriminada de sus piquetes porque, según ellos, quien empieza saltándose la ley y ejerciendo «la violencia», es el «patrono» con amenazas de despidos.

Como nota comparativa en cuanto a porcentajes irrelevantes se refiere, solo el 9,9% de los españoles apoyaban la intervención española en la guerra de Irak de 2003. Si ese porcentaje era ridículo, no digamos el de las coacciones.