Las elecciones en Ponferrada de 2011 introdujeron en el consistorio un nuevo partido, el IAP, liderado por Ismael Álvarez. Casi 6.000 ponferradinos decidieron depositar en él su confianza, algo más de un 16% del censo electoral. Como ya se sabe, Álvarez fue condenado en 2002 por acoso sexual a Nevenka Fernández. En noviembre de 2003, el Tribunal Supremo rebajó la multa de 5.780 euros a 2.160 porque consideró que, al no haber relación jerárquica entre un alcalde y un concejal, no se podía establecer el agravante descrito en el Artículo 184.1 del Código Penal. Mantuvo la indemnización de 12.000 euros.
La semana pasada, los partidos PSOE e IAP realizaron una maniobra política legal, la moción de censura, para sacar del poder al PP, que había ganado las elecciones con 12 escaños. En ella, condicionaban el acuerdo a que Ismael Álvarez dejara la política, término que él acepto. En las cabezas de la formación socialista, y todo apunta que incluida la de Rubalcaba, la jugada y el discurso se imaginaban loables: se sacaría de la paralización y el desgobierno en el que estaba inmerso el ayuntamiento -según palabras del propio Rubalcaba- y, de paso, se forzaba la salida de la política de una persona con antecedentes por acoso. Como es sabido, la representación estética les ha estallado en las manos. Desde Ferraz presionaron para que Samuel Folgueral, líder del PSOE en Ponferrada, dejara el cargo. Pero éste y todos los concejales socialistas con él, han dejado el partido para quedarse con el poder y se defienden acusando: todos en el partido estaban al tanto de la moción y, cuando han visto las consecuencias, han reculado. Elena Valenciano, según parece, siempre se mostró en contra de dicha moción. Es, como mínimo hipócrita, que el PSOE haya orquestado esta opereta mientras mantiene en el cargo de secretario general del PSE, José Eguiguren, que fue condenado hace 20 años por pegar a su mujer. Serían otros tiempos.
En cualquier caso, el acuerdo me pareció desde el primer momento llamativamente grave y, para preparar este post, consulté anoche a Marta González-Llera, jurista, sobre el asunto. Nadie, que yo sepa, se ha atrevido a decir en voz alta que Ismael Álvarez tiene derecho a la participación política. Nadie, hasta esta mañana Arcadi Espada, en su artículo Acosadores. Todos, principalmente los periodistas, envueltos en la espiral del silencio de Elisabeth Noelle-Neumann, quien estudió la opinión pública como
una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no.
Los políticos moldean su discurso según dicha opinión, y cuando ésta prima por encima de todo, y los políticos no lo evitan, lo puede hacer incluso por encima de la ley. Así, lo que ha hecho el PSOE ha sido, sin querer, lanzar un misil sobre la linea de flotación de nuestro sistema de reinserción social, amparado por la Constitución en su Artículo 25.2. Es cierto que Álvarez ha podido presentarse a las elecciones y que, en teoría, ese derecho no se le ha conculcado. Pero desde el momento en el que su desaparición de la vida pública es un condicionante para llegar a un acuerdo, se demuestra que ese derecho no puede ejercerlo con la total libertad con la que lo haría cualquier otro ciudadano a pesar de tener el mismo derecho a hacerlo. Tocqueville lo vio muy claro en su libro La democracia en América:
Por inicua o irrazonable que sea la medida que os afecte, tendréis que someteros a ella [o huir. <Qué es eso sino la esencia misma de la tiranía bajo las formas de la libertad>].
Álvarez podría haber optado por no aceptar el acuerdo, desde luego. Pero si, por ejemplo, no se aceptan iniciativas legislativas que su grupo proponga por su delito anterior para presionarle y sacarlo de la política, se está vulnerando el espíritu de la reinserción que nuestra socialdemocracia, y nuestro sistema legal, promueven y defienden. Una reinserción que, en según qué casos, parece ser de estética menos dañina. Y eso no vale. Desde el punto de vista de lo público, no vale que para unos, como Álvarez, sea una condena de por vida y, para otros, sea el camino a la paz. Porque eso es exactamente lo que estamos viviendo 400 kilómetros al este de Ponferrada. En el País Vasco, el PSE -y el PSOE a nivel nacional- ven con buenos ojos la entrada del entorno de ETA en las instituciones. Con sus condenas cumplidas. El ejemplo perfecto del reinsertado vasco es, paradójicamente, el asesino haciendo política.
Puede llegar el día en el que un terrorista con quince asesinatos en su mochila, y sin haber mostrado el más mínimo de los arrepentimientos, recoja su acta de concejal. ¿Y entonces? ¿Será un triunfo de la sociedad? ¿Será la victoria definitiva contra el terrorismo? ¿Será una victoria política de la democracia que delincuentes que han cumplido su condena puedan gobernar?
No. Será de nuevo, ya lo es en términos distintos al de Ponferrada, la espiral del silencio.
Cabos sueltos 